Anoche asistí al acto convocado en el Club Antares para la constitución de una Asociación de Proveedores y Subcontratistas de Abengoa (APROSAB), colectivo que reúne a más de mil empresas en Andalucía, con una deuda global que se calcula superior a los 5.000 millones de euros, y que afecta a un número de puestos de trabajo en nuestra comunidad estimado en cuantía superior a los 7.000.
Esta iniciativa, nunca antes llevada a cabo en situaciones previas o coetáneas a un procedimiento de concurso de acreedores en España, ha sido impulsada por una consultora financiera denominada EFC Group.
Al acto asistieron alrededor de 30 personas, de las cuales luego hubo de descartarse como acreedores de abengoa a unas cinco –entre ellas, quien suscribe estas palabras– y a otras tantas que asistían sin poderes de decisión o representación alguna, por lo que poco podían aportar al objeto que allí se pretendía.
Ello es debido, sin duda alguna, a la escasa difusión que la convocatoria del acto ha tenido, a pesar de la relevancia de lo que allí se iba a tratar para muchas empresas que han puesto su trabajo y, por desgracia, difícilmente van a recibir lo que corresponderá al sector bancario o al denominado bonista, que parecen ser la masa dura de acreedores a los que se está atendiendo y cuyos derechos quieren verse resarcidos, olvidándose de esta “tercera pata” de afectados.
El acto se inició con una detallada información por parte de la entidad EFC Group, promotora de la iniciativa, haciendo referencia a los contactos iniciados con el sector bancario y administraciones públicas para pulsar su interés por acercar la financiación necesaria y en condiciones preferentes respecto de mercado que estas empresas, proveedoras y subcontratistas de obras y servicios prestados a Abengoa, vayan a poder necesitar para sobrevivir a los difíciles meses que se avecinan para su cuenta de pérdidas y ¿ganancias?
La consecución del plan de viabilidad elaborado por la pre-concursada es el objetivo primero pretendido por esta asociación, siendo innegable la oportunidad de unir esfuerzos y capitales como medida de presión a tal efecto, y siendo también necesario el objetivo de “hacer ruido” en medios de comunicación y prensa para defender los intereses de los asociados, esperemos que no se trate del tan común derecho al pataleo.
Lo que no pude pasar por alto fue el escaso contenido jurídico de que se dotó a un acto de estar características, más aún ante las preguntas de las personas asistentes y afectadas, algunos de los cuales me consta que habían llegado de forma apresurada desde el norte de España el día anterior, esperando respuestas que no encontraron. Preguntas tales como si también se iban a defender los intereses de aquéllos cuyos créditos se ostentaban frente a UTES del grupo Abengoa, o si sus reclamaciones individuales también iban a ser gestionadas desde esta asociación.
Resultan cuestiones trascendentales cuando se está pidiendo a estas empresas que se comprometan y asocien bajo un único paraguas, máxime cuando se les solicita un desembolso inicial de 200 euros más una mensualidad de 100 euros. Y ello debido a que esta forma de proceder, a través de uniones temporales de empresas es lo habitual en el grupo, dotando al mismo de la opacidad que le ha llevado a la desconfianza de inversores y socios y, finalmente, a la actual situación de insolvencia.
No quedó claro si esta asociación tenía como objetivo unir a acreedores que pudieran representar un porcentaje sobre el pasivo total que les permitiera incluso vetar un eventual acuerdo extrajudicial de acreedores, en fase de preconcurso, pues sin entrar a valorar si ello podría ser o no beneficioso a sus intereses, sin duda es una posibilidad que permite la actual Ley Concursal, y no es descabellado pensar que lo que pueda interesar acordar a la banca, cuyos créditos es sabido que son calificados como privilegiados, no tiene porqué satisfacer las expectativas de otros acreedores, cuyos créditos ordinarios serán los que caigan previsiblemente en el ostracismo, si bien parece que no se tienen datos al respecto del porcentaje total que pueda representar este colectivo de afectados.
No se pone en duda que la asociación representará a sus asociados con mayor fuerza ante la propia Abengoa, administraciones públicas y bancos, pero no es menos cierto que una única voz pueda satisfacer intereses ya de por sí variados, y pocas son las atribuciones ejecutivas planteadas para esta entidad en sus estatutos sociales, al menos en atención a su objeto social, pues esto es lo único que de sus estatutos sociales se comunicó a los presentes.
Esta es otra de las circunstancias que me llevan a calificar el acto vivido ayer de, cuanto menos, anómalo, pues es costumbre poner a disposición los estatutos sociales con carácter previo a la constitución de cualquier ente con personalidad jurídica, esto es, previamente a recabar el consentimiento por parte de los afectados.
Hoy veo en las noticias que son alrededor de unas 80 las empresas interesadas en formar parte de la asociación, si bien el número exacto de las finalmente asociadas se ha reservado por motivos de confidencialidad y, desde luego, nada tienen que ver tales números con los que yo estimaba y la realidad vivida por mí en el día de ayer.
José León-Castro Gómez
Socio Fundador de Intuita Legal Compliance